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El Compliance Officer y el compromiso de la dirección de la empresa

El Compliance Officer y el compromiso de la dirección de la empresa

El concepto de buen gobierno y la figura del Compliance Officer están íntimamente relacionados entre sí ya que configuran un cambio en la cultura empresarial basada en el cumplimiento penal y la responsabilidad social corporativa.

En cuanto a la figura del Compliance Officer, tiene una condición de vigilante respecto a programas de organización y gestión orientados a prevenir delitos y a garantizar la transparencia y el correcto cumplimiento de la ley abarcando también la parte ética y moral que debe presidir en la empresa.

Se trata del órgano de supervisión y control que debe tener capacidad de supervisar el funcionamiento del modelo completo, incluidas las más altas instancias y al que cualquier componente de la misma tiene el deber de comunicar riesgos o ineficacias en el funcionamiento del modelo. Por tanto, establece una obligación de colaboración a los componentes de la empresa con el órgano de supervisión y control de forma que se informe a éste de todos los problemas relativos al funcionamiento y vigilancia del mismo.

Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

El 23 de Febrero de 2017, el Tribunal Supremo en su Sentencia 121/2017 se pronunció nuevamente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta octava sentencia sobre tal materia tiene especial trascendencia ya que trata sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores.

En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de Pontevedra, donde una organización era acusada de dar ocupación simultánea a doce trabajadores de los cuales diez de ellos no habían sido dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente. Así confirma la condena del administrador único de la entidad como autor penalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores del art.311.2 del Código Penal en relación con el artículo 318, con la responsabilidad civil subsidiaria de la citada entidad.

Tribunal Supremo, zanja así negativamente la posibilidad de que una persona jurídica se la pueda condenar por un delito contra los derechos de los trabajadores, y es que la entidad no puede ser acusada por este delito a tenor del art. 31 Bis del Código Penal. El art. 318 no se remite al artículo 31 Bis, sino que permite la atribución de la pena en tales casos a los administradores, e incluso imponer algunas de las medidas del Art. 129 a la persona jurídica.

Objetivos de un sistema de compliance

Objetivos de un sistema de compliance

La exención de la responsabilidad penal de las empresas va a depender de que éstas tengan implantado un eficaz programa de cumplimiento normativo penal gestionado por un responsable.

Así, el artículo 31 Bis del Código Penal hace una serie de referencias:

En primero lugar señala que la supervisión y funcionamiento del modelo de prevención de delitos implantado tiene que ser confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes de iniciativa y control.
En segundo lugar, señala que la exención de responsabilidad operará siempre que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión vigilancia y control.
En tercer lugar, es obligatorio que los modelos de organización y gestión impongan informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo.
A partir de esas referencias, podemos deducir algunas de las tareas o funciones que en una empresa debe cumplir la persona u órgano encargado del cumplimiento normativo penal.

Entidades religiosas como sujetos responsables

Entidades religiosas como sujetos responsables

Esta inscripción supone la adquisición de personalidad jurídica, lo que permite a las entidades la actuación en el tráfico jurídico con plenitud. Ello supone atribuirles la capacidad suficiente para celebrar contratos, la posibilidad de personarse ante los tribunales así como la realización de otros actos y negocios jurídicos.

Sin perjuicio de esta inscripción, las entidades religiosas y sus congregaciones gozan del derecho a la libertad religiosa en toda su dimensión, consistente en el establecimiento de lugares de culto o reunión con fines religiosos, la designación y formación de sus ministros, la divulgación y propagación de su credo, etc…

Federaciones, asociaciones y Compliance

Federaciones, asociaciones y Compliance

Tanto para las Federaciones como para las Asociaciones, las personas del apartado a) del art.31 bis.1 Cp se identifican con sus órganos de gobierno y con el personal autorizado para la decisión, organización y control dentro de las mismas.

Las personas del apartado b) del art.31 bis.1 Cp quedarían identificadas en el sector de las Asociaciones con aquellas personas sometidas laboralmente o por servicios concretos así como las personas físicas afiliadas sometidas estatutariamente.

En el caso de las Federaciones, la diferencia vendría porque se incluirían en este último apartado aquellas personas sometidas laboralmente o por servicios concretos y, en este caso, las personas jurídicas afiliadas sometidas por los estatutos de la Federación correspondiente.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas según el nuevo Fiscal General del Estado

La responsabilidad penal de las personas jurídicas según el nuevo Fiscal General del Estado

La Ley Orgánica 1/2015 ha reformado el código penal (ley orgánica 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Y es que, la reciente reforma en esta materia ha supuesto una revolución en nuestro ordenamiento penal y cada vez está adquiriendo mayor importancia en el sector empresarial.

Así lo ha plasmado en una comparecencia realizada Don Jose Manuel Maza, reciente Fiscal General del Estado donde ha manifestado que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la herramienta más eficaz, actualmente, para combatir el delito en las organizaciones, en las empresas, en las estructuras; y muchas veces de los altos responsables de las estructuras”.

Las repercusiones del caso Neymar

Las repercusiones del caso Neymar

Como todos ya conocemos, el famosísimo caso Neymar concluyó con la aceptación por el club deportivo al que dicho jugador pertenece del pacto propuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El acuerdo consistía en la aceptación por el Barça de dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con la fiscalidad a declarar por el jugador (determinadas cantidades procedentes de la firma con la sociedad de los Neymar por los derechos del jugador y su contratación no fueron declarados de forma correcta ante la Hacienda Pública) y el pago de una multa de 5,5 millones de euros. También contenía dicho acuerdo la exoneración del expresidente Rosell y del propio Bartolomeu por los delitos imputados en el procedimiento penal.

Comienza así a atisbarse en nuestro sistema penal la dinámica estadounidense de negociación y acuerdos entre el órgano acusador de la Administración de Justicia y la empresa a la que se exige responsabilidad penal.

Impactos, vulnerabilidad y amenazas

Impactos, vulnerabilidad y amenazas

Amenazas y vulnerabilidad

El INC (Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España), define el término amenaza como “la circunstancia desfavorable que puede ocurrir y que cuando sucede tiene consecuencias negativas sobre los activos provocando su indisponibilidad, funcionamiento incorrecto o pérdida de valor”.

Estas amenazas unidas a los posibles defectos o vulnerabilidades internas de la persona jurídica conllevarán una serie de consecuencias negativas o impactos.

Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente

Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente

Que entendemos por persona jurídica

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue instaurada en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2010 por el Código Penal y modificada tras una segunda reforma en la materia en el año 2015 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 20 de marzo, ampliando diferentes tipos penales aplicables a la persona jurídica y extendiendo ciertas conductas.

Sin embargo, el legislador, en su artículo 31 Bis no ha desarrollado el concepto de “persona jurídica” penalmente responsable, debiendo remitirnos a la legislación civil y mercantil a la que se refiere como cualquier empresas, entidades o agrupaciones de personas que ostenten personalidad jurídica. En cuanto a las entidades que carezcan de personalidad jurídica (comunidades de bienes o sociedades secretas) el legislador opta por la aplicación de las medidas accesorias contempladas en el artículo 129 del Código Penal.

Factores determinantes de riesgo penal

Factores determinantes de riesgo penal

¿Cuáles son los factores determinantes de riesgo en el seno de la empresa?

Esta pregunta es la clave para la creación de unos modelos de organización empresarial eficaces en la lucha contra la actividad delictiva.

Con independencia de las múltiples interpretaciones que encontramos acerca de la materia, sin duda a consecuencia de la nueva y escueta normativa del Código Penal (art.31 bis), resulta imprescindible atender a determinados factores susceptibles de poner en evidencia las debilidades de cada empresa. Estos factores actúan como alarmas para detectar los problemas de toda índole que puedan provocarse en el día a día de cualquier persona jurídica, con independencia de su actividad empresarial u objeto social y del sector del mercado en el que la desarrollen.

Pautas generales de la Fiscalía

Pautas generales de la Fiscalía

Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado

La Circular 1/2016, sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas conforme a la reforma del Código Penal efectuada por Ley Orgánica 1/2015, de la Fiscalía General del Estado, tras analizar el art.31 bis y las novedades establecidas por nuestro legislador en la materia, dispone una serie de pautas para valorar la eficacia de los modelos de organización y gestión.

Ventajas para las empresas de la implantación de un modelo de organización y gestión

Ventajas para las empresas de la implantación de un modelo de organización y gestión

Beneficios para la persona jurídica tras la reforma del Código Penal

Tras la reforma del Código Penal han aumentado el número de querellas dirigidas contra las personas jurídicas y esto ha supuesto importantes consecuencias para las empresas ya que, además de las elevadas multas impuestas, también pueden sufrir otro tipo de penas como pueden ser la clausura de establecimientos, suspensión de actividades o incluso la disolución de las mismas. Es por ello que la implantación en las empresas de un modelo de organización y gestión para la prevención de delitos así como su vigilancia y control ofrece múltiples ventajas:

Responsabilidad penal “especial”

Responsabilidad penal “especial”

Especialidad de la responsabilidad

Por novedoso por cuanto no existía antes de la reforma del Código Penal del 2010 un reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al ser una cualidad exclusiva hasta entonces de las personas físicas, que al fin y al cabo son las únicas con voluntad para delinquir.La responsabilidad penal que el Código Penal ha previsto en el art.31 bis y siguientes para las personas jurídicas es un tema discutido por novedoso y por conflictivo.

Por conflictivo por cuanto la regulación del art.31 bis hace una regulación demasiado escueta y que provoca múltiples interpretaciones de esta nueva materia, tanto en los aspectos procesales (como lo demuestra el hecho de las opiniones dispares vertidas en las sentencias dictadas por nuestro Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado) como en los aspectos puramente materiales de la normativa.

Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión

Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión

Seguimiento periódico del modelo. Artículo 31 Bis 5. 6º C.P.

Se define como un proceso diseñado para proporcionarle una seguridad de que las políticas y procedimientos relativos al modelo de organización y gestión instaurado por la empresa son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.

Así el artículo 31 Bis 5. 6º del Código Penal dice:

Los modelos de organización y gestión a que se refiere la condición 1ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:…“Realizarán una verificación periódica del modelo y su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios”

Canal de denuncias: recepción de información

Canal de denuncias: recepción de información

Artículo 31 bis.5.4ª Cp

Como en anteriores publicaciones, vamos a analizar otro requisito de los modelos de organización y gestión previsto en el art.31 bis.5.4ª Cp, el denominado comúnmente “Canal de denuncias”.

Riesgos e incumplimientos

El precepto dispone que los modelos de organización y gestión “Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”.

Para que la empresa pueda gestionar correctamente esta obligación, es necesario que dentro de la misma exista una cultura ética que favorezca que las comunicaciones de este tipo que se dirijan al Compliance Officer no sean entendidas como deslealtad entre compañeros o puedan dar lugar a represalias o conflictos internos.

Los sistemas de gestión para la prevención de delitos en las pequeñas empresas

Los sistemas de gestión para la prevención de delitos en las pequeñas empresas

Llevar a cabo la implantación y el mantenimiento en las personas jurídicas del modelo de organización y gestión exigido por el artículo 31 Bis del Código Penalno resulta tarea fácil. Esto se debe a que no todas las empresas cuentan con la misma organización interna y recursos, ni con el mismo número de trabajadores, por lo que, a la hora de establecer el responsable de cumplimiento normativo y los protocolos de actuación, así como los responsables de supervisar los controles establecidos resulta una tarea d

Jornada CGAE sobre Compliance

Jornada CGAE sobre Compliance

En fecha 22 de junio se celebró en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada destinada al análisis de la figura del Compliance Officer y de los modelos de prevención de riesgos penales que las empresas han de implementar en sus procesos internos para poder introducir una verdadera cultura de cumplimiento y respeto a la legalidad vigente.

La jornada resultó especialmente interesante para aquellos letrados que ya asumen entre sus funciones la de responsable de cumplimiento normativo o Compliance Officer y para aquellos otros profesionales que deseen incluirla entre sus servicios.

Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación

Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación

Un requisito indispensable a la hora de establecer en la empresa el modelo de organización y gestión exigido por el nuevo artículo 31 Bis del Código Penal consiste en llevar a cabo los protocolos y procedimientos de actuación para informar a los directivos y empleados de la empresa de la configuración del modelo instaurado así como la formación de los mismos.

Estos protocolos cobran vital importancia ya que concretan todo el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y deberán ser adoptados por la misma a los efectos de valorar, prevenir y evitar aquellos riesgos penales que pudieran afectarles en el seno de sus actividades y sectores de negocio.