Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

El 23 de Febrero de 2017, el Tribunal Supremo en su Sentencia 121/2017 se pronunció nuevamente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta octava sentencia sobre tal materia tiene especial trascendencia ya que trata sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores.

En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de Pontevedra, donde una organización era acusada de dar ocupación simultánea a doce trabajadores de los cuales diez de ellos no habían sido dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente. Así, el TS confirma la condena del administrador único de la entidad como autor penalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.2 del Código Penal en relación con el artículo 318, con la responsabilidad civil subsidiaria de la citada entidad.

El Tribunal Supremo, zanja así negativamente la posibilidad de que una persona jurídica se la pueda condenar por un delito contra los derechos de los trabajadores, y es que la entidad no puede ser acusada por este delito a tenor del artículo 31 Bis del Código Penal. Además el artículo 318  no se remite al artículo 31 Bis, sino que permite la atribución de la pena en  tales casos a los administradores, e incluso imponer algunas de las medidas del Artículo 129 a la persona jurídica.

Dice así el Artículo 318 del CP: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título (de los delitos contra los derechos de los trabajadores) se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar además alguna de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”.

El legislador en este caso no ha adaptado el artículo 318 a las modificaciones de la LO 5/2010 y 1/2015. De hecho, ha sido frecuente la critica doctrinal sobre la no inclusión de los delitos contra los derechos de los trabajadores en el listado de delitos en los que cabe opere el artículo 31 Bis. La sentencia resuelve esta cuestión condenando al recurrente y ello pese a que nadie acusó a la persona jurídica. Además, como apunta el Ministerio Fiscal, la responsabilidad penal de la persona jurídica no condicionaría la de la persona física ni viceversa.

Por tanto, y según la legislación actual, una persona jurídica no puede responder por un delito contra los derechos de los trabajadores, sea cual sea el delito concreto dentro de los de este tipo que se hayan cometido, por lo que un programa de prevención de delitos resultaría ineficaz en estos casos.

Objetivos de un sistema de compliance

Objetivos de un sistema de compliance

La exención de la responsabilidad penal de las empresas va a depender de que éstas tengan implantado un eficaz programa de cumplimiento normativo penal gestionado por un responsable.

Así, el artículo 31 Bis del Código  Penal hace una serie de referencias:

  • En primero lugar señala que la supervisión y funcionamiento del modelo de prevención de delitos implantado tiene que ser confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes de iniciativa y control.
  • En segundo lugar, señala que la exención de responsabilidad operará siempre que no se haya producido una omisión o ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión vigilancia y control.
  • En tercer lugar, es obligatorio que los modelos de organización y gestión impongan informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo.

A partir de esas referencias, podemos deducir algunas de las tareas o funciones que en una empresa debe cumplir la persona  u órgano encargado del cumplimiento normativo penal.

Hay que tener en cuenta que en los programas de prevención tienen 3 grandes objetivos a cumplir: el objetivo de la prevención de los delitos, el objetivo de la detección de las conductas delictivas y el objetivo de la reacción frente a esas conductas delictivas.

Para la prevención de los delitos se exige el diseño y la implantación del modelo, el nombramiento de su responsable, la supervisión de su funcionamiento y su cumplimiento, así como la formación, información, vigilancia y control del personal sometido al modelo y la revisión del mismo.

La responsabilidad de poner en marcha el Compliance Program es sin duda del órgano de administración así como designar al órgano responsable de su funcionamiento; así se deduce del Artículo 31 Bis que encomienda al órgano de administración la adopción y ejecución eficaz, antes de la comisión del delito, de un modelo de organización y gestión que incluya las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos y además obliga que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado lo confíe el órgano de administración a un órgano de la persona jurídica o la posibilidad de que en las pequeñas empresas sea el órgano de administración el que lleve a cabo estas tareas.

Por tanto, la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo será responsabilidad de encargado del cumplimiento normativo. Del mismo modo, la información a directivos, trabajadores y empleados de la empresa acerca de la existencia y contenido del modelo así como la formación de todos ellos tiene que ser igualmente una responsabilidad del encargado de cumplimiento normativo, ya que no es posible exigir el cumplimiento del modelo si éste se desconoce. También resulta obvio que la revisión y actualización del modelo  será una función propia de dicho responsable.

En segundo lugar, la detección de los delitos que el modelo no ha podido evitar es un objetivo que requiere la organización del correspondiente canal de denuncias a través de la recepción de la información sobre comportamientos delictivos y puesta en marcha de las investigaciones internas para detectar irregularidades o hechos delictivos. Así, el artículo 31 Bis del Código Penal impone la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano encargado de vigilar el funcionamiento del modelo de prevención; es decir, la recepción de las denuncias sobre la posible comisión de delitos por parte de los directivos, empleados o trabajadores.

Finalmente la reacción disciplinaria frente al responsable del incumplimiento normativo del modelo dependerá de las normas establecidas en el sistema disciplinario.

Entidades religiosas como sujetos responsables

Entidades religiosas como sujetos responsables

Según dispone el art.2 del  RD 594/2015 en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia podrán inscribirse las siguientes entidades:

  1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.
  2. Los siguientes tipos de entidades religiosas siempre que hayan sido erigidas, creadas o instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas inscritas en el Registro:
  • Sus circunscripciones territoriales.
  • Sus congregaciones, secciones o comunidades locales.
  • Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones.
  • Los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto.
  • Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas teológicas o religiosas propias de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita.
  • Las comunidades monásticas o religiosas y las órdenes o federaciones en que se integren.
  • Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y casas, así como sus federaciones.
  • Cualesquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con los Acuerdos entre el Estado Español y las confesiones religiosas.

Esta inscripción supone la adquisición de personalidad jurídica, lo que permite a las entidades la actuación en el tráfico jurídico con plenitud. Ello supone atribuirles la capacidad suficiente para celebrar contratos, la posibilidad de personarse ante los tribunales así como la realización de otros actos y negocios jurídicos.

Sin perjuicio de esta inscripción, las entidades religiosas y sus congregaciones gozan del derecho a la libertad religiosa en toda su dimensión, consistente en el establecimiento de lugares de culto o reunión con fines religiosos, la designación y formación de sus ministros, la divulgación y propagación de su credo, etc…

Además, el art.6 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa establece que: “Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.

Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.”

Podemos llegar a la conclusión de que todas aquellas entidades y congregaciones religiosas inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia, al adquirir plena personalidad jurídica, deben acogerse a las normas de nuestro ordenamiento que afectan a las personas jurídicas, entre las que se encuentra el art.31 bis del Código Penal.

En consecuencia, dado que las entidades religiosas inscritas son consideradas personas jurídicas a todos los efectos, también lo serán en el ámbito penal, incurriendo en responsabilidad penal si, en el ejercicio de su actividad, sus representantes legales o personas dependientes de los mismos comenten uno de los delitos tipificados en el Código Penal susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, siempre que concurran los requisitos previstos en el art.31 bis Código Penal.

Además, también podrán ver dicha responsabilidad eximida o atenuada siempre y cuando cuenten con un modelo de organización y gestión capaz de gestionar, comunicar y supervisar las medidas implantadas por la organización para identificar a tiempo riesgos penales y dar respuesta a los mismos.

Federaciones, asociaciones y Compliance

Federaciones, asociaciones y Compliance

Análisis del art.31 bis Cp en relación a las Federaciones y Asociaciones

Establece el art.31 bis Cp que: “En los supuestos previstos en este Código, las personas jurídicas serán penalmente responsables:

  1. De los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
  2. De los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes. Estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo anterior, han podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.”

Para poder analizar con detalle este precepto y clarificar lo dispuesto por el mismo, es imprescindible profundizar en cada uno de los supuestos que contempla.

PRIMER SUPUESTO.- Art.31bis.1.a).  Se encuentran dentro del supuesto las siguientes personas:

  • Los representantes legales de la persona jurídica.
  • Aquellas personas autorizadas para tomar decisiones dentro de la persona jurídica.
  • Aquellas personas con facultades de organización o control dentro de la persona jurídica.

Estas personas del apartado a) serán responsables de los delitos cometidos siempre que concurran dos condiciones:

  1. Que actúen en nombre o por cuenta de la persona jurídica, es decir, que actúen valiéndose de la persona jurídica pero sin vinculación alguna con la misma, esto es, que actúen a título personal pero bajo el nombre o por cuenta de la persona jurídica.
  2. Que se produzca un beneficio directo o indirecto de la persona jurídica. Este beneficio directo o indirecto puede ser identificado con cualquier ventaja que pueda favorecer a la persona jurídica (competitiva, de costes, etc…), con una simple expectativa de percibir un beneficio o, incluso, con una tendencia a dicho beneficio con independencia de que el mismo llegue o no a producirse.

Para que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad por la actuación delictiva llevada a cabo por estas personas, es imprescindible que se cumplan los siguientes requisitos:

  • Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión que incluyan medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión
  • Que la supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención implantado se confíe a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica
  • Que los autores individuales del delito lo hayan cometido eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
  • Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano que tiene encomendado dicho cometido.

SEGUNDO SUPUESTO.-  Art.31 bis.1.b). Se encuentran dentro de este segundo supuesto las siguientes personas:

  • Quienes estando sometidos a la autoridad de las personas del apartado a) cometan el delito por haber incumplido gravemente dichas personas sus deberes de supervisión, vigilancia y control sobre ellas.

Es importante hacer referencia expresa a la condición que impone este apartado. Es requisito imprescindible el sometimiento a la autoridad de las personas descritas en el apartado a) del art.31 bis Cp. La ley habla de “sometimiento a la autoridad”, concepto que engloba la dependencia de cualquier índole u origen, sea o no retribuida, pudiendo incluirse dentro del mismo:

  • Relaciones laborales.
  • Desempeño de servicios permanentes, temporales o esporádicos.
  • Desempeño de tareas concretas.
  • Cualquier tipo de dependencia jerárquica o estatutaria.

En cuanto al incumplimiento grave de los deberes de supervisión, vigilancia y control resulta necesario resaltar que, a pesar de que el precepto únicamente hace referencia a un incumplimiento grave por parte de las personas previstas en el apartado a), el art.66.bis.2ª Cp dispone que en los casos de incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control que no tengan carácter grave, las penas previstas en el 33.7.c) a g) no excederán de 2 años.

Este incumplimiento de los deberes de supervisión, vigilancia y control se encuentra íntimamente relacionado con el último requisito exigible para que las personas jurídicas puedan eximirse de responsabilidad penal por los delitos cometidos por las personas descritas en el apartado a), a saber, la no omisión o ejercicio insuficiente de tales funciones.

Para que las personas jurídicas puedan quedar exentas de la responsabilidad penal derivada de las actividades delictivas llevadas a cabo por estas personas la ley detalla los requisitos que han de reunir los modelos de organización y gestión que deben implantarse en la persona jurídica:

  1. Identificación de las actividades en cuyo ámbito se puedan cometer los delitos a prevenir.
  2. Establecer protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas en relación con aquéllos.
  3. Disponer de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  4. Imponer la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de la vigilancia y supervisión del modelo.
  5. Establecer un sistema disciplinario que sancione adecuadamente los incumplimientos del modelo.
  6. Realizar una verificación periódica del modelo y de su modificación por infracción de sus disposiciones o cambios en la organización, estructura de control o actividad desarrollada por la persona jurídica.

Aplicación a asociaciones y federaciones:

Tanto para las Federaciones como para las Asociaciones, las personas del apartado a) del art.31 bis.1 Cp se identifican con sus órganos de gobierno y con el personal autorizado para la decisión, organización y control dentro de las mismas.

Las personas del apartado b) del art.31 bis.1 Cp quedarían identificadas en el sector de las Asociaciones con aquellas personas sometidas laboralmente o por servicios concretos así como las personas físicas afiliadas sometidas estatutariamente.

En el caso de las Federaciones, la diferencia vendría porque se incluirían en este último apartado aquellas personas sometidas laboralmente o por servicios concretos y, en este caso, las personas jurídicas afiliadas sometidas por los estatutos de la Federación correspondiente.

Como puede observar, esta normativa extiende su ámbito no sólo a los directivos y empleados que forman parte de las personas jurídicas, sino también a cualquiera que se encuentre sometido a la autoridad de la misma, sea persona física o jurídica.

Es por dicho motivo que estas entidades deben valorar tanto sus políticas de cumplimiento internas como aquellas políticas a adoptar con todos aquellos que dependan, en algún sector de su actividad, de sus decisiones.

Son destacables, a modo de conclusión, los siguientes extremos:

  1. Obligación del art.31 bis CP: Supervisión, vigilancia y control por la federación.

La nueva normativa sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas establecida por el art.31 bis del Código Penal establece una posible repercusión de responsabilidad penal a las personas jurídicas que incumplan los deberes de supervisión, vigilancia y control de quienes se encuentren sometidos a su autoridad y realicen hechos delictivos actuando por su cuenta y en su beneficio directo o indirecto (art.31 bis.1.b) Cp).

Se trata por tanto de una función directamente relacionada con el art.31 bis Cp, que convierte a la Federación en garante del cumplimiento normativo en cuanto a las obligaciones que la unen con sus asociados.

  1. Repercusiones penales por su incumplimiento. Comisión de delitos por los asociados.

En consecuencia, teniendo en consideración que los federados se encuentran bajo la autoridad y directrices de la Federación, cualquier actuación delictiva realizada por sus federados puede dar lugar a que la propia Federación se vea envuelta en un procedimiento penal con las consecuencias sociales, reputacionales y, en su caso, penales que ello supone.

En el caso de que una de los federaciones cometiera una actividad delictiva que pudiera relacionarse con el incumplimiento de las directrices, pautas y obligaciones que la Federación les impone para pertenecer a la misma, podrá derivarse una responsabilidad penal para la propia Federación al entenderse que la misma no ha llevado a cabo de forma real y efectiva su deber de tutela, control y supervisión.

A la hora de hacer responsable penal a la Federación se tendrá en cuenta que la misma haya omitido o haya incumplido leve o gravemente sus funciones de supervisión sobre sus propios asociados, de forma que deberá prever mecanismos y garantías de que realiza esta labor de forma diligente.

  1. Control de los asociados por la federación

Para que la Federación lleve a cabo correctamente sus deberes legales de supervisión y control de los federados resulta fundamental la exigencia a todos ellos de un modelo de prevención de delitos que garantice que el riesgo de comisión de conductas delictivas en su seno es mínimo o nulo.

Se trata de reducir drástica y eficazmente las probabilidades de que los asociados de la Federación cometan delitos en cualquier ámbito de su actividad y, en particular, en el ámbito directamente relacionado con la propia Federación. Así lo establece el art.31 bis 2.1ª al referirse a la necesidad de que los órganos de administración de las entidades incluyan en sus modelos de prevención “medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión”.

Con independencia de la implantación de un modelo de organización y gestión en el propio seno de la Federación para asentar unas políticas de cumplimiento legal entre sus directivos y empleados e impedir que sea su propio personal el que pueda dar lugar a conductas penales, esta exigencia a los asociados supone para la Federación evitar cualquier responsabilidad penal derivada de la actuación ilícita de sus clubes y poder acreditar ante cualquier órgano oficial, judicial o administrativo que cumple de manera efectiva con sus deberes estatutarios y legales y que realiza todo lo que le permiten sus recursos para impedir irregularidades.

Además, esta implantación de modelos de organización y gestión de prevención de delitos por los asociados resultará igualmente beneficiosa para los federados, que podrán gestionar la supervisión y control de su propio personal, ya que al igual que sucede entre Federación y asociados, responderán penalmente por las actuaciones delictivas que lleven a cabo sus directivos, empleados y entidades dependientes.

La responsabilidad penal de las personas jurídicas según el nuevo Fiscal General del Estado

La responsabilidad penal de las personas jurídicas según el nuevo Fiscal General del Estado

La Ley Orgánica 1/2015 ha reformado el código penal (ley orgánica 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Y  es que, la reciente reforma en esta materia ha supuesto una revolución en nuestro ordenamiento penal y cada vez está adquiriendo mayor importancia en el sector empresarial.

Así lo ha plasmado en una comparecencia realizada Don Jose Manuel Maza, reciente Fiscal General del Estado donde ha manifestado que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la herramienta más eficaz, actualmente, para combatir el delito en las organizaciones, en las empresas, en las estructuras; y muchas veces de los altos responsables de las estructuras”.

Añadió que esta importancia esta manifestada también en la exigibilidad de la OCDE en su regulación a todos los países que formen parte del mismo, por ello desde 2010 lo tenemos en España.

Además Maza reconoció que su implementación ha provocado muchos recelos en el sector jurídico porque estamos acostumbrados a un derecho penal antropocéntrico y no entendemos qué es juzgar a unas siglas, a una persona jurídica; pero tiene unas ventajas de política criminal extraordinaria porque provoca inmediatamente la alianza de las personas jurídicas con los investigadores y con las autoridades encargadas de prevenir y castigar el delito, controlando a sus empleados y directivos y además ayudando a descubrir quien ha cometido el mismo.

De este nuevo nombramiento como Fiscal General del Estado se esperan importantes noticias en la materia, y es que D. Jose Manuel Maza deberá fijar los criterios con los que la fiscalía va a afrontar durante su mandato las posibles conformidades con acusados de delitos relacionados con la corrupción siempre delicados por su repercusión pública.

Así, D. Jose Manuel Maza podemos considerarlo como un experto en la materia, y es que, además de las múltiples conferencias realizadas sobre el tema, ha sido ponente de la Sentencia 154/2016 de 29 de Febrero que confirma la condena impuesta a tres empresas por su “directa e indispensable” participación en el delito de tráfico de drogas. La Sentencia adquiere especial trascendencia por ser el primer pronunciamiento del alto tribunal relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre la efectividad jurídico-procesal de los modelos de compliance que nuestro legislador incorporó en el artículo 31 Bis del Código Penal tras la reforma de la LO 1/2015.

Por ello estaremos muy atentos a los criterios que la Fiscalía vaya elaborando, ya que el nuevo fiscal tiene mucho que aportar personalmente en esta materia.