Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

Nueva sentencia del tribunal supremo. Delito contra los derechos de los trabajadores

El 23 de Febrero de 2017, el Tribunal Supremo en su Sentencia 121/2017 se pronunció nuevamente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta octava sentencia sobre tal materia tiene especial trascendencia ya que trata sobre los delitos contra los derechos de los trabajadores.

En este caso, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación interpuesto contra la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de Pontevedra, donde una organización era acusada de dar ocupación simultánea a doce trabajadores de los cuales diez de ellos no habían sido dados de alta en el Régimen de la Seguridad Social correspondiente. Así, el TS confirma la condena del administrador único de la entidad como autor penalmente responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores del artículo 311.2 del Código Penal en relación con el artículo 318, con la responsabilidad civil subsidiaria de la citada entidad.

El Tribunal Supremo, zanja así negativamente la posibilidad de que una persona jurídica se la pueda condenar por un delito contra los derechos de los trabajadores, y es que la entidad no puede ser acusada por este delito a tenor del artículo 31 Bis del Código Penal. Además el artículo 318  no se remite al artículo 31 Bis, sino que permite la atribución de la pena en  tales casos a los administradores, e incluso imponer algunas de las medidas del Artículo 129 a la persona jurídica.

Dice así el Artículo 318 del CP: “Cuando los hechos previstos en los artículos de este título (de los delitos contra los derechos de los trabajadores) se atribuyan a personas jurídicas, se impondrá la pena señalada a los administradores o encargados del servicio que hayan sido responsables de los mismos y a quienes, conociéndolos y pudiendo remediarlo, no hubieran adoptado medidas para ello. En estos supuestos la autoridad judicial podrá decretar además alguna de las medidas previstas en el artículo 129 de este Código”.

El legislador en este caso no ha adaptado el artículo 318 a las modificaciones de la LO 5/2010 y 1/2015. De hecho, ha sido frecuente la critica doctrinal sobre la no inclusión de los delitos contra los derechos de los trabajadores en el listado de delitos en los que cabe opere el artículo 31 Bis. La sentencia resuelve esta cuestión condenando al recurrente y ello pese a que nadie acusó a la persona jurídica. Además, como apunta el Ministerio Fiscal, la responsabilidad penal de la persona jurídica no condicionaría la de la persona física ni viceversa.

Por tanto, y según la legislación actual, una persona jurídica no puede responder por un delito contra los derechos de los trabajadores, sea cual sea el delito concreto dentro de los de este tipo que se hayan cometido, por lo que un programa de prevención de delitos resultaría ineficaz en estos casos.

Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente

Personas Jurídicas susceptibles de ser sancionadas penalmente

Que entendemos por persona jurídica

La responsabilidad penal de las personas jurídicas fue instaurada en nuestro ordenamiento jurídico en el año 2010 por el Código Penal y modificada tras una segunda reforma en la materia en el año 2015 con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015 de 20 de marzo, ampliando diferentes tipos penales aplicables a la persona jurídica y extendiendo ciertas conductas.

Sin embargo, el legislador, en su artículo 31 Bis no ha desarrollado el concepto  de “persona jurídica” penalmente responsable, debiendo remitirnos a la legislación civil y mercantil a la que se refiere como cualquier empresas, entidades o agrupaciones de personas que ostenten personalidad jurídica. En cuanto a las entidades que carezcan de personalidad jurídica (comunidades de bienes o sociedades secretas) el legislador opta por la aplicación de las medidas accesorias contempladas en el artículo 129 del Código Penal.

Por lo que respecta a las entidades extranjeras, dado que se rigen por su ley nacional, habrá que estar a dicha ley para determinar si ostentan personalidad jurídica y pueden, por tanto, ser susceptibles de sanción penal.

El apartado 5 del art. 31 bis CP establece una excepción a esta regla general, excluyendo de este régimen expresamente a las siguientes entidades de derecho público:

  • El Estado y las Administraciones Públicas territoriales e institucionales.
  • Los Organismos Reguladores: como, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de la Energía o la Comisión Nacional de la Competencia.
  • Las Agencias estatales y Entidades Públicas Empresariales
  • Los partidos políticos.
  • Los sindicatos: sin embargo el legislador no excluye a las organizaciones patronales y sí a las sindicales.
  • Las organizaciones internacionales de Derecho público.
  • Las organizaciones que ejerzan potestades públicas de soberanía, administrativas o cuando se trate de Sociedades mercantiles Estatales que ejecuten políticas públicas o presten servicios de interés económico general.

El propio legislador en el apartado tercero establece una excepción a la propia excepción, de manera que se podrá exigir responsabilidad penal a las entidades de derecho público antes mencionadas si el órgano jurisdiccional aprecia que se trata de una forma jurídica creada por sus promotores, fundadores, administradores o representantes con el propósito de eludir una eventual responsabilidad penal.

Surgen dudas también respecto de las sociedades mercantiles en formación y las sociedades devenidas irregulares, en ambos casos la Circular 1/2011 de la Fiscalía General del Estado sostiene que sí son de aplicación las previsiones en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Finalmente, la misma Circular entiende que no será de aplicación el régimen de responsabilidad penal del Art. 31 bis CP a las Uniones Temporales de Empresas (UTE’s), sin perjuicio de que las sociedades que las integran, individualmente consideradas, sí puedan ser penalmente responsables.

En que caso es penalmente responsable una persona jurídica

El legislador ha contemplado dos posibles vías de imputación  de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Una primera vía para el supuesto de delito cometido por el administrador de hecho o de derecho o por el representante o por cuenta de la persona jurídica y en su provecho.En este sentido, debe entenderse “en su provecho” aquella conducta del administrador o representante  en el marco de sus funciones que suponga un beneficio empresarial.

La segunda vía de imputación de la responsabilidad penal a la persona jurídica es el supuesto del delito cometido por un  empleado, debido a que la persona jurídica no ha prestado el debido control. La referencia a empleado no se limita a los trabajadores  sino a todo sujeto que esté en el ámbito de dirección de los administradores.

Criterios de imputación

Según el art. 5 CP, “no hay pena sin dolo o imprudencia”, principio de culpabilidad que debe regir también en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, de manera que la persona jurídica no puede responder penalmente per se de manera automática por la conducta de la persona física autora del hecho punible (por mucho que ésta sea un empleado o, incluso, un administrador de aquélla), sino que únicamente debería responder de conductas que sean imputables a la propia persona jurídica.

Trasladar este principio de culpabilidad a la persona jurídica, crea divergencias entre los sectores doctrinales.

Así, la circular de la fiscalía sostiene que las personas jurídicas son penalmente responsables porque lo son las personas físicas que actúan en su nombre y beneficio, y de alguna manera le trasfieren a la persona jurídica su propia responsabilidad penal (modelo vicarial).

Sin embargo la Sentencia del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo pretende definir de una manera clara estas líneas básicas que la jurisprudencia debe seguir en un futuro. Así, el Tribunal mantiene que es diferente la culpabilidad de la persona física al cometer un delito en el seno de la persona jurídica, y la culpabilidad de la propia persona jurídica que se desprende de la ausencia de modelos o existencia  de instrumentos adecuados y eficaces para prevenir la comisión de conductas delictivas en el seno de la empresa, es decir la culpabilidad se constata en un defecto de organización en el seno de la misma. (Modelo de Autorresponsabilidad). De esta manera, cuando el delito lo comete un administrador o representante legal la persona jurídica será responsable en una suerte de culpa in eligendo de haber puesto al frente de la misma a una persona física que actúa incumpliendo la legalidad penal. Cuando el delito lo comete un empleado o colaborador, la persona jurídica respondería por culpa in vigilando por no haber establecido los mecanismos de control necesarios para evitar que en su seno se cometan delitos

La sentencia afirma que la responsabilidad penal de una persona jurídica debe determinarse “a partir del análisis  acerca de si el delito cometido por la persona física en el seno de aquella ha sido posible o facilitado, por la ausencia de una cultura de respeto al derecho, como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa e independiente de la de cada una de las personas físicas que la integran, que habrá de manifestarse en alguna de las formas concretas de vigilancia o control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos, tendentes a la evitación de la comisión por estos de los delitos enumerados en el Libro II del código Penal como posibles antecedentes de esa responsabilidad de la persona jurídica.”

Programas de prevención penal

La exención de la responsabilidad penal de una persona jurídica pasa por la existencia de un programa de prevención de delitos. Se pretende instaurar una nueva cultura en las empresas, a fin de que de forma proactiva eviten la comisión de delitos. Con ello se pretende la instauración de criterios de organización preventivos. La autorregulación y una nueva cultura corporativa respetuosa con las normas es la finalidad última de esta reforma, de ahí que se dé una relevancia incuestionable a los programas de prevención y detección de delitos.

A través de la plataforma Supervisor Jurídico, como herramienta de prevención de delitos, las empresas podrán llevar a cabo de manera exhaustiva y eficaz un control de la actividad de la misma a través de la implantación de un modelo de organización y gestión pensado para detectar todas aquellas conductas generadoras de ilícitos penales; cumpliendo así con las exigencias del código penal.

Responsabilidad penal “especial”

Responsabilidad penal “especial”

Especialidad de la responsabilidad

Por novedoso por cuanto no existía antes de la reforma del Código Penal del 2010 un reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas al ser una cualidad exclusiva hasta entonces de las personas físicas, que al fin y al cabo son las únicas con voluntad para delinquir.La responsabilidad penal que el Código Penal ha previsto en el art.31 bis y siguientes para las personas jurídicas es un tema discutido por novedoso y por conflictivo.

Por conflictivo por cuanto la regulación del art.31 bis hace una regulación demasiado escueta y que provoca múltiples interpretaciones de esta nueva materia, tanto en los aspectos procesales (como lo demuestra el hecho de las opiniones dispares vertidas en las sentencias dictadas por nuestro Tribunal Supremo y la Circular de la Fiscalía General del Estado) como en los aspectos puramente materiales de la normativa.

Ello no obstante, es claro que esta responsabilidad penal exigible a las personas jurídicas ha llegado para quedarse y será en un futuro próximo desarrollada cada vez con más detalle por nuestros juzgados y tribunales.

Se trata como reza el título de este artículo de una responsabilidad “especial” en el sentido de que es una responsabilidad que se atribuye a una persona jurídica por los hechos delictivos que ha llevado a cabo una persona física.

Ello supone para las empresas de cualquier tamaño la necesaria adopción de medidas para evitar que las personas físicas que se relacionan directamente con ellas puedan llegar a realizar actos ilícitos que puedan repercutir en su actividad.

Pero ¿qué sucede cuando las personas físicas autoras de los hechos delictivos ven su responsabilidad penal afectada por las circunstancias modificativas (eximentes, agravantes, atenuantes) previstas en el Código Penal? ¿Afecta esta concurrencia de circunstancias modificativas en la persona física a la empresa?

Transferencia de responsabilidad

El art.31 ter Cp destaca que la concurrencia, en las personas que materialmente hayan realizado los hechos o en las que los hubiesen hecho posibles por no haber ejercido el debido control, de circunstancias que afecten a la culpabilidad del acusado o agrave su responsabilidad, no excluirá ni modificará la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Vemos pues que aun tratándose en el art.31 bis del Código Penal de un traspaso de responsabilidad penal de las personas físicas a las personas jurídicas este traspaso no es totalmente integral, ya que la naturaleza de ambas personas difiere en lo esencial, y es que las circunstancias modificativas de la responsabilidad de las personas físicas no pueden aplicarse a las personas jurídicas.

Sin perjuicio de ello, el Código Penal prevé también causas de atenuación de esta responsabilidad penal “traspasada” a la persona jurídica.

Circunstancias atenuantes

Son circunstancias atenuantes de la responsabilidad de las personas jurídicas las siguientes:

  1. La confesión de la infracción penal ante las autoridades siempre que se realice antes de conocer que existe procedimiento judicial contra ella.
  2. La colaboración en la investigación de los hechos mediante la aportación de pruebas nuevas y decisivas para el esclarecimiento de las responsabilidades penales que dimanen de los mismos.
  3. La reparación del daño causado por el delito o su disminución, siempre que se realice antes del juicio oral.
  4. Establecer medidas eficaces para prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran cometerse con los medios o bajo la cobertura de la persona jurídica, siempre que se establezca antes del comienzo del juicio oral.

Exigibilidad de responsabilidad

Por otra parte, es conveniente recordar a la persona jurídica que la responsabilidad penal transferida por quien ostente en su seno cargos o funciones de control o supervisión, le será exigible aunque las personas físicas autoras de los hechos delictivos no consigan individualizarse.

Tampoco esquivará la persona jurídica tal responsabilidad cuando no sea posible, por cualquier motivo, dirigir el procedimiento contra las personas físicas autoras de los hechos.

Por este motivo, resulta más que imprescindible a las empresas de cualquier tamaño inculcar a sus directivos, empleados y colaboradores una cultura de valores que favorezcan el cumplimiento de la legalidad y alejen la posibilidad de comisión de delitos que puedan afectarle, cultura que deberá llevar anexada necesariamente la implantación de un sistema de prevención de delitos suficientemente completo y diseñado específicamente para el sector, actividades y realidad de la empresa.

Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión

Verificaciones periódicas del Modelo de Organización y gestión

Seguimiento periódico del modelo. Artículo 31 Bis 5. 6º C.P.

Se define como un proceso diseñado para proporcionarle una seguridad de que las políticas y procedimientos relativos al modelo de organización y gestión instaurado por la empresa son pertinentes, adecuados y operan eficazmente.

Así el artículo 31 Bis 5. 6º del Código Penal dice:

Los modelos de organización y gestión a que se refiere la condición 1ª del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:…“Realizarán una verificación periódica del modelo y su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los haga necesarios”

Tal y como establece el Artículo 31 Bis del Código Penal así como las sucesivas Sentencias al respecto, las empresas serán responsables penalmente cuando hayan incumplido los deberes de supervisión vigilancia y control de su actividad; por tanto toda empresa deberá realizar un seguimiento periódico de todos los controles establecidos.

Consideramos estos datos como el motor de una empresa y ante una situación dinámica y cambiante como la actual, un control frecuente tendrá una ventaja añadida al disponer de una información actualizada, para dar un seguimiento a los resultados obtenidos y tener la capacidad de reacción suficiente para la toma de cualquier tipo de decisión con un alto grado de fiabilidad y acierto.

Este debido control  impone a la persona jurídica el deber de verificar periódicamente la eficacia del modelo instaurado. Aunque el texto del artículo 31 Bis no establece plazo ni procedimiento alguno de revisión, un adecuado modelo de organización debe contemplarlos expresamente. Además el modelo deberá ser revisado inmediatamente si concurren determinadas circunstancias que puedan influir en el análisis del riesgo, que habrán de detallarse, así como ante cambios que se produzcan en la organización o estructura del control o la actividad de desarrollada en la empresa.

El hecho de que se ponga de manifiesto infracciones relevantes no invalida necesariamente el programa de prevención, que puede haber sido diseñado e implantado adecuadamente sin llegar a tener una eficacia absoluta, reduciendo de forma significativa el riesgo de comisión del delito, ya que, además de posibilitar la detección de conductas criminales tiene una eficacia preventiva. Así, ante la existencia de incidencias o posibles conductas delictivas en el seno de la empresa se deberán llevar a cabo las pertinentes acciones correctivas para que las mismas no puedan volver a producirse.

Este requisito de verificaciones periódicas del modelo de organización y gestión se exige a la persona física que actúa como Compliance Officer en el seno de la empresa, que deberá llevar a cabo dentro de sus pertinentes funciones las de controlar periódicamente y hacer un seguimiento de las posibles incidencias que se manifiesten en la actividad de la empresa a través de los controles establecidos.

Puesta en marcha. Informes de seguimiento periódico

Esta labor tan precisa podrá llevarla a cabo el responsable de cumplimiento  normativo de una manera eficaz y sencilla a través de la plataforma SupervisorJurídico.

Mediante esta herramienta, el Compliance Officer podrá llevar a cabo un seguimiento periódico de cada una de sus empresas clientes y por periodos diferenciados. A través de la misma podremos realizar el seguimiento periódico correspondiente a la valoración de los controles relativos a las actividades de cada uno de los delitos afectos a la empresa  concreta. Así, el Compliance Officer verificará de forma continua la evolución del riesgo de la persona jurídica, indicándose si ha empeorado, mejorado o se mantiene igual al periodo anterior.

Las valoraciones de los controles dependerán de la calificación que los distintos responsables de actividad hayan hecho de los registros, proporcionándonos además el riesgo medio que existe a la fecha en que se realiza el seguimiento. Por tanto, este seguimiento nos permitirá que haya una tendencia a la mejora continua y el estado ideal sería que el riesgo medio tuviera un valor óptimo.

Las malas calificaciones que se observen en cada seguimiento  deberán corregirse levantando las no conformidades necesarias y estableciendo las acciones correctivas pertinentes. Así el seguimiento periódico nos ayudará a la mejora continua de la empresa advirtiéndonos de todas las incidencias que se detecten. En caso de que la empresa mejore se manifestará en una mayor eficacia del sistema, los controles serán menos frecuentes, llevaremos menos imputaciones de tiempo de los trabajadores y por tanto mejorará el rendimiento de la empresa.

Así mismo, el Supervisor podrá comprobar si los responsables cumplen con los registros pertinentes a través del histórico de valoraciones. Éste nos proporcionará tanto la fecha como la valoración que el responsable hizo de un determinado registro, lo que nos permitirá realizar un seguimiento exhaustivo de su actividad comprobando que realizó su trabajo en los distintos periodos que hubo de ser valorado.

Además cada uno de los seguimientos realizados deberán ser objeto de un informe confeccionado por el Supervisor donde se comenten todos los motivos que han provocado la evolución de mejoría, empeoramiento o igualdad. Dicho informe tendrá carácter confidencial y deberá ser comunicado al consejo de administración o al comité de cumplimiento en su caso quienes tomarán las medidas pertinentes.

Canal de denuncias: recepción de información

Canal de denuncias: recepción de información

Artículo 31 bis.5.4ª Cp

Como en anteriores publicaciones, vamos a analizar otro requisito de los modelos de organización y gestión previsto en el art.31 bis.5.4ª Cp, el denominado comúnmente “Canal de denuncias”.

Riesgos e incumplimientos

El precepto dispone que los modelos de organización y gestión “Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención”.

Para que la empresa pueda gestionar correctamente esta obligación, es necesario que dentro de la misma exista una cultura ética que favorezca que las comunicaciones de este tipo que se dirijan al Compliance Officer no sean entendidas como deslealtad entre compañeros o puedan dar lugar a represalias o conflictos internos.

Se trata de implicar al personal de la empresa en el cumplimiento normativo, de forma que todos velen por la correcta aplicación tanto de la normativa interna como de la legislación aplicable a la actividad de la empresa en la medida en la que su puesto de trabajo se lo permita.

Los empleados de la empresa han de tener la seguridad de que el proceso de traslado de la información o el procedimiento de denuncias tiene la única finalidad de prevenir aquellas irregularidades, incumplimientos o quejas que se encuentren relacionadas con el modelo de gestión o bien con las conductas que puedan implicar un riesgo penal para la empresa.

El Manual para Empresas sobre “Ética anticorrupción y Elementos de Cumplimiento” elaborado por la OCDE, UNODC, y el Banco Mundial para combatir la corrupción dentro del sector empresarial, recomienda que para que los programas de cumplimiento sean efectivos, es imprescindible “asignar a los empleados y otros la tarea de exponer preocupaciones e informar violaciones tan pronto como sea posible. Para este efecto, la empresa debe proporcionar canales seguros y accesibles a través de los cuales los empleados y otros puedan cumplirla confidencialmente y sin riesgo de represalias.”

El canal de denuncias

El canal de denuncias ha de garantizar la confidencialidad de la información, protegiendo la identidad de los denunciantes y denunciados y salvaguardando en todo caso los derechos de los trabajadores.

Ha de tratarse de un mecanismo “accesible”, es decir, que pueda utilizar con facilidad cualquier persona relacionada con la empresa y que le conduzca directamente a contactar con el responsable de cumplimiento normativo sin tener que sobrepasar otros límites jerárquicos de la estructura de la empresa.

Con ello se trata de evitar que las denuncias de irregularidades e incumplimientos que un empleado o colaborador realicen de sus superiores sean “interceptadas” por los implicados y no lleguen a conocimiento del Compliance Officer.

Las ventajas de Supervisorjurídico.com

La plataforma Supervisorjurídico.com contiene un canal de denuncias interno entre la empresa y el Compliance Officer que reúne todas las características detalladas en párrafos anteriores.

A través del mismo, cualquier empleado, directivo o colaborador de la empresa puede contactar con el Compliance Officer o supervisor a través de la cumplimentación de un formulario específico de denuncias y recibir información acerca del estado de su denuncia.

Este canal cumple con las exigencias legales relativas a la protección de datos personales tanto para denunciante como para denunciado.

Además, la recepción de denuncias se realiza en el perfil privado del supervisor, al que la empresa no tiene acceso en ningún momento,  salvaguardando la confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre denunciante y Compliance Officer.

Por su parte, el Compliance Officer puede realizar la valoración y seguimiento de los procesos de denuncia desde la propia plataforma.  Para ello, puede introducir las medidas adoptadas para la verificación y gestión de la información denunciada así como las medidas adoptadas por la empresa si resultan ciertos los hechos denunciados y es necesaria una actuación disciplinaria o de cualquier otra índole para resarcir o prevenir los daños que conlleven.

Por último, la plataforma también permite al Compliance Officer la creación de informes y documentos confidenciales relacionados con las denuncias recibidas. Éstos podrán ser adjuntados a expedientes disciplinarios o administrativos que se aperturen a consecuencia de las denuncias presentadas.

Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación

Implantación del modelo de prevención. Los protocolos y procedimientos de actuación

Artículo 31 BIS . 5. 2º

Un requisito indispensable a la hora de establecer  en la empresa el modelo de organización y gestión exigido por el nuevo artículo 31 Bis del Código Penal  consiste en llevar a cabo los protocolos y procedimientos de actuación para informar a los directivos y empleados de la empresa de la configuración del modelo instaurado así como la formación de los mismos.

Estos protocolos cobran vital importancia ya que concretan todo el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica y deberán ser adoptados por la misma a los efectos de valorar, prevenir y evitar aquellos riesgos penales que pudieran afectarles en el seno de sus actividades y sectores de negocio.

Así, el Artículo 31 Bis .5 establece: ” Los modelos de organización y gestión a que se refieren la condición 1º del apartado 2 y el apartado anterior deberán cumplir los siguientes requisitos:

2º. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.

Deber de información y formación

A través de estos protocolos se suministrará a las personas que conforman la empresa de toda la información que sea relevante y necesaria con respecto a las funciones concretas que realizan, objetivos, código ético, procedimientos de actuación que tengan que ver con la organización interna, y las instrucciones de trabajo que se cursen desde el punto de vista de los riesgos. Por ello se hace relevante la figura del Compliance Officer que deberá formar  e informar sobre el modelo de organización y gestión que se vaya a implantar en el seno de la empresa, asegurándose de que suministra tal información de forma adaptada a cada uno de los empleados de los diferentes departamentos que conforman la persona jurídica y de una forma más específica al Consejo de Administración. Ello supone una implicación importante del personal de la empresa para que el modelo implantado pueda funcionar, puesto que de ellos depende el éxito del mismo.

Puesta en marcha

Para poner en marcha una correcta gestión del modelo el Compliance Officer  deberá asesorar e informar en todas aquellas tomas de decisiones que tienen que ver con la organización interna de la empresa en tanto en cuanto tengan relevancia a efectos de riesgos penales.

Efectivamente no podremos exigir a ningún empleado que conozca  los procesos de actuación y toma de decisiones, por ello, el encargado de cumplimiento normativo deberá inculcar al personal de la empresa tanto los procesos de actuación como la necesidad y repercusión para la empresa del incumplimiento de este modelo de prevención.

Esta labor podrá llevarla a cabo el Compliance Officer a través de la plataforma Supervisor Jurídico. Mediante ésta herramienta el Supervisor podrá editar la documentación relativa a los protocolos y procedimientos de actuación que vienen por defecto en la plataforma y seleccionar los empleados de la persona jurídica a los que queremos trasladar dicha documentación, que la recibirán por correo electrónico. Una vez leído por el empleado, éste podrá dar su conformidad en el mismo, y es a partir de este momento cuando entra el juego un apartado importante en la acreditación del entramado del deber de información.

A través de los “aceptos” el supervisor podrá comprobar aquellos destinatarios que han dado su conformidad aceptando las condiciones establecidas de cada uno de los documentos enviados, y del mismo modo llamar la atención a aquellos que aun no lo hayan hecho. De este manera el Supervisor o Compliance Officer podrá obtener una información bastante importante a la hora de acreditar su labor; saber si esos manuales de protocolos y procedimientos fueron aceptados y leídos  por cada uno de sus destinatarios y en que momento. Así, quedará acreditado que este deber de información del Compliance Officer se llevó a cabo de una manera efectiva y cumplió con las exigencias del Código Penal sobre el establecimientos de protocolos y procedimientos de formación de la voluntad en el modelo de organización y gestión de la persona jurídica.

Este requisito que establece la ley para los modelos de organización y gestión supondrá una de las condiciones  indispensables para que la persona jurídica pueda quedar exenta de responsabilidad penal.