Según dispone el art.2 del  RD 594/2015 en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia podrán inscribirse las siguientes entidades:

  1. Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas, así como sus Federaciones.
  2. Los siguientes tipos de entidades religiosas siempre que hayan sido erigidas, creadas o instituidas por una Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa o Federaciones de las mismas inscritas en el Registro:
  • Sus circunscripciones territoriales.
  • Sus congregaciones, secciones o comunidades locales.
  • Las asociaciones con fines religiosos que creen o erijan, así como sus federaciones.
  • Los seminarios o centros de formación de sus ministros de culto.
  • Los centros superiores de enseñanza que impartan con exclusividad enseñanzas teológicas o religiosas propias de la Iglesia, Confesión o Comunidad religiosa inscrita.
  • Las comunidades monásticas o religiosas y las órdenes o federaciones en que se integren.
  • Los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, sus provincias y casas, así como sus federaciones.
  • Cualesquiera otras entidades que sean susceptibles de inscripción de conformidad con los Acuerdos entre el Estado Español y las confesiones religiosas.

Esta inscripción supone la adquisición de personalidad jurídica, lo que permite a las entidades la actuación en el tráfico jurídico con plenitud. Ello supone atribuirles la capacidad suficiente para celebrar contratos, la posibilidad de personarse ante los tribunales así como la realización de otros actos y negocios jurídicos.

Sin perjuicio de esta inscripción, las entidades religiosas y sus congregaciones gozan del derecho a la libertad religiosa en toda su dimensión, consistente en el establecimiento de lugares de culto o reunión con fines religiosos, la designación y formación de sus ministros, la divulgación y propagación de su credo, etc…

Además, el art.6 de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa establece que: “Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas inscritas tendrán plena autonomía y podrán establecer sus propias normas de organización, régimen interno y régimen de su personal. En dichas normas, así como en las que regulen las instituciones creadas por aquéllas para la realización de sus fines, podrán incluir cláusulas de salvaguarda de su identidad religiosa y carácter propio, así como del debido respeto a sus creencias, sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación.

Las Iglesias, Confesiones y Comunidades religiosas podrán crear y fomentar, para la realización de sus fines, Asociaciones, Fundaciones e Instituciones con arreglo a las disposiciones del ordenamiento jurídico general.”

Podemos llegar a la conclusión de que todas aquellas entidades y congregaciones religiosas inscritas en el Registro del Ministerio de Justicia, al adquirir plena personalidad jurídica, deben acogerse a las normas de nuestro ordenamiento que afectan a las personas jurídicas, entre las que se encuentra el art.31 bis del Código Penal.

En consecuencia, dado que las entidades religiosas inscritas son consideradas personas jurídicas a todos los efectos, también lo serán en el ámbito penal, incurriendo en responsabilidad penal si, en el ejercicio de su actividad, sus representantes legales o personas dependientes de los mismos comenten uno de los delitos tipificados en el Código Penal susceptibles de ser cometidos por personas jurídicas, siempre que concurran los requisitos previstos en el art.31 bis Código Penal.

Además, también podrán ver dicha responsabilidad eximida o atenuada siempre y cuando cuenten con un modelo de organización y gestión capaz de gestionar, comunicar y supervisar las medidas implantadas por la organización para identificar a tiempo riesgos penales y dar respuesta a los mismos.