La Ley Orgánica 1/2015 ha reformado el código penal (ley orgánica 10/1995) en varias materias, destacando entre ellas, el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Y  es que, la reciente reforma en esta materia ha supuesto una revolución en nuestro ordenamiento penal y cada vez está adquiriendo mayor importancia en el sector empresarial.

Así lo ha plasmado en una comparecencia realizada Don Jose Manuel Maza, reciente Fiscal General del Estado donde ha manifestado que “la responsabilidad penal de las personas jurídicas es la herramienta más eficaz, actualmente, para combatir el delito en las organizaciones, en las empresas, en las estructuras; y muchas veces de los altos responsables de las estructuras”.

Añadió que esta importancia esta manifestada también en la exigibilidad de la OCDE en su regulación a todos los países que formen parte del mismo, por ello desde 2010 lo tenemos en España.

Además Maza reconoció que su implementación ha provocado muchos recelos en el sector jurídico porque estamos acostumbrados a un derecho penal antropocéntrico y no entendemos qué es juzgar a unas siglas, a una persona jurídica; pero tiene unas ventajas de política criminal extraordinaria porque provoca inmediatamente la alianza de las personas jurídicas con los investigadores y con las autoridades encargadas de prevenir y castigar el delito, controlando a sus empleados y directivos y además ayudando a descubrir quien ha cometido el mismo.

De este nuevo nombramiento como Fiscal General del Estado se esperan importantes noticias en la materia, y es que D. Jose Manuel Maza deberá fijar los criterios con los que la fiscalía va a afrontar durante su mandato las posibles conformidades con acusados de delitos relacionados con la corrupción siempre delicados por su repercusión pública.

Así, D. Jose Manuel Maza podemos considerarlo como un experto en la materia, y es que, además de las múltiples conferencias realizadas sobre el tema, ha sido ponente de la Sentencia 154/2016 de 29 de Febrero que confirma la condena impuesta a tres empresas por su “directa e indispensable” participación en el delito de tráfico de drogas. La Sentencia adquiere especial trascendencia por ser el primer pronunciamiento del alto tribunal relativo a la responsabilidad penal de las personas jurídicas y sobre la efectividad jurídico-procesal de los modelos de compliance que nuestro legislador incorporó en el artículo 31 Bis del Código Penal tras la reforma de la LO 1/2015.

Por ello estaremos muy atentos a los criterios que la Fiscalía vaya elaborando, ya que el nuevo fiscal tiene mucho que aportar personalmente en esta materia.