Caso Neymar

Como todos ya conocemos, el famosísimo caso Neymar concluyó con la aceptación por el club deportivo al que dicho jugador pertenece del pacto propuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El acuerdo consistía en la aceptación por el Barça de dos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con la fiscalidad a declarar por el jugador (determinadas cantidades procedentes de la firma con la sociedad de los Neymar por los derechos del jugador y su contratación no fueron declarados de forma correcta ante la Hacienda Pública) y el pago de una multa de 5,5 millones de euros. También contenía dicho acuerdo la exoneración del expresidente Rosell y del propio Bartolomeu por los delitos imputados en el procedimiento penal.

Comienza así a atisbarse en nuestro sistema penal la dinámica estadounidense de negociación y acuerdos entre el órgano acusador de la Administración de Justicia y la empresa a la que se exige responsabilidad penal.

Esta dinámica, que aún no forma parte de nuestra cultura procedimental, permite a las empresas demostrar ante la Fiscalía que hicieron lo posible para que los hechos que han generado el procedimiento no se produjeran, o que si han llegado a producirse ha sido por causas ajenas a la administración, organización y gestión de la empresa.

En los países anglosajones esta fase de negociación con la Fiscalía también ofrece a las empresas la oportunidad de adoptar medidas para evitar futuros acontecimientos similares y acreditar ante los tribunales que han mejorado su seguridad y sus políticas anticorrupción antes de que recaiga sentencia condenatoria, pudiendo incluso rebajar la pena que podría llegar a serle impuesta.

Una de las razones por las que el club deportivo ha podido llegar a un acuerdo de conformidad relativamente satisfactorio es el pago que dicho club realizó al fisco al conocer la imputación por los hechos, en el año 2014, adelantando una cantidad cercana a los 14 millones de euros en una declaración complementaria.

Pues bien, sin duda, la responsabilidad del club deportivo se podría haber evitado o por lo menos atenuado considerablemente, de haber contado éste con un modelo de cumplimiento normativo penal efectivo y funcional.

Consecuencias adicionales

Es claro que las consecuencias para el club no han sido sólo económicas, ya que desde el inicio del caso se suscitó un gran interés público por el mismo con el consiguiente desgaste reputacional que supone que un sinfín de medios analicen y desglosen una y otra vez, desde todos los ángulos posibles, los detalles de un caso, que por otra parte, no es más que una defraudación a la Hacienda Pública.

El mundo del fútbol de primer nivel se ha visto claramente condicionado desde que salió a la luz este suceso, revelándose posteriormente otros casos parecidos que podrían seguir por la línea del ya comentado.

Incluso la LFP ha tomado cartas en el asunto y ha procedido a modificar sus estatutos para exigir a todos aquellos clubes que quieran inscribirse para la siguiente temporada la acreditación de que cuentan con modelos de cumplimiento normativo, dirigidos precisamente a prevenir y evitar que se realicen conductas ilícitas o irregulares. Se trata por tanto de una medida dirigida a concienciar a todos los intervinientes del sector de la importancia de ajustar las actividades, comportamientos y protocolos de los clubes deportivos a la legalidad vigente, como si de cualquier empresa se trataran, ya que el art.31 bis Cp no realiza diferenciaciones entre personas jurídicas de diferentes ámbitos.

Se demuestra así que la actuación ilícita de una persona jurídica puede llegar a repercutir considerablemente en muchas otras con las que se encuentre relacionadas, o incluso que sin existir una relación directa entre personas jurídicas, existan consecuencias para ellas simplemente por que pertenezcan al mismo sector de actividad.

Análisis de partícipes ajenos

Una de las estrategias que la persona jurídica puede adoptar para evitar que las consecuencias de la actuación ilegal o delictiva de otra persona jurídica con la que tenga una relación de colaboración puedan llegar a serle perjudiciales, es someterla a un análisis para detectar que nivel de riesgo puede llegar a ocasionarle, posibilidad que incluida en la plataforma Supervisor Jurídico.

Con este análisis el Compliance Officer podrá obtener un informe del nivel de riesgo que acarrean para la empresa cada una de las relaciones que tiene con sus colaboradores externos, proveedores y empresas de prestación de servicios, así como una relación de las medidas que sería conveniente adoptar cuando el riesgo obtenido sea relevante para la actividad de la empresa.

El análisis puede realizarse de los terceros colaboradores, de los titulares de las empresas y de otros intervinientes.

Códigos éticos

Será igualmente recomendable que las personas jurídicas que quieran contratar con otras personas jurídicas asuman e interioricen en sus estructuras los códigos éticos por los que se rigen, para así poder conocer en profundidad los valores que van a presidir las relaciones comerciales, mercantiles y relacionadas con el tráfico jurídico que van a mantener.

Analizado el código ético de otra empresa resultará más fácil decidir si es conveniente o no colaborar con ella de forma habitual o puntual, determinando correctamente el riesgo penal que puede darse para la empresa.

Vemos así una tendencia creciente a que llegue a exigirse a proveedores y colaboradores la acreditación de que cuentan con modelos de prevención o planes anticorrupción.